Los nuevos retos que plantea el aprendizaje permanente en toda su amplitud conllevan un replanteamiento de las fórmulas de financiación del aprendizaje y una necesidad de asegurar la transparencia en la financiación a través de recursos públicos y en la distribución de los mismos impuestos, fondos estructurales europeos o programas comunitarios, cotizaciones sociales. En este contexto todas las partes interesadas públicas, semipúblicas y privadas deberán asumir su responsabilidad en la financiación del aprendizaje.